El Plan de la Gente protege la biodiversidad, riqueza hídrica y fortalece la lucha contra la deforestación con las comunidades

Foto: Plan Nacional de Desarrollo Colombia | Ministerio Medio Ambiente |

Los ecosistemas estratégicos más importantes del país, empezando por la Amazonía colombiana y que están ubicados en los territorios PDET, han sido priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo – El Plan de la Gente, sancionado por el presidente Gustavo Petro hoy en Guainía, para consolidar a través de diferentes iniciativas la justicia ambiental como uno de los pilares para alcanzar la Paz Total y convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, la biodiversidad y las culturas.

Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el Plan Nacional pone el foco en lo que nos debe distinguir como Nación, nuestra biodiversidad y nuestra diversidad cultural, por eso contempla acciones económicas y sociales que se basan en ese patrimonio del país.

“El Plan Nacional tiene dos metas ambientales fundamentales: contener la deforestación y restaurar la naturaleza perdida en una meta de 750 mil hectáreas y eso solo lo vamos a lograr de la mano con las comunidades como una oportunidad social y económica para ellas”, explicó.

En este sentido, se fortalece la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales asociados en los 28 núcleos ya identificados; también se mejora la infraestructura al interior de los Parques Nacionales Naturales; se implementa el cuidado y la protección bienestar animal y se conforma los Consejos Territoriales del Agua como parte del ordenamiento territorial alrededor del agua.

Una de las principales apuestas del Gobierno del Cambio son las concesiones forestales, que buscan contener la deforestación, la degradación de ecosistemas naturales y promover el desarrollo de actividades de restauración y rehabilitación, así como gestionar, promover y fomentar el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad. Estas concesiones permitirán que se consolide un acuerdo entre Estado y campesinado para que puedan aprovechar los bosques de manera sostenible hasta por 30 años.
 
Aunada a esta iniciativa se fortaleció el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef), un espacio de articulación del Gobierno Nacional enfocado en lo social y productivo a fin de lograr una operación completa, que trascienda lo judicial y lograr una verdadera transformación de los territorios sobre la base de acuerdos sociales con las comunidades locales comprometidas con la conservación de los ecosistemas naturales y los activos de la biodiversidad.

A la vez y con el fin de saldar una deuda milenaria con la fauna silvestre y los animales y mantener la articulación del trabajo donde muchos de ellos permanecen desprotegidos o con insuficiente bienestar como el caso de los animales compañeros (de compañía), se constituirá un ente rector para articular las acciones nacionales con las de territorio en protección animal.

Ordenamiento alrededor del agua

Otro de los pilares clave del Plan es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, es por ello por lo que en los 13 territorios estratégicos y ecorregiones se conformarán los Consejos Territoriales del Agua, en donde se respetarán las competencias y funciones de cada entidad, incluyendo a las autoridades ambientales, de tal manera que puedan articularse alrededor de acuerdos con enfoque territorial.

Las 13 ecorregiones priorizadas son fundamentales para el desarrollo del país, son zonas críticas para la conectividad hídrica y el ordenamiento territorial alrededor del agua.
 
“Lo que queremos al final de estos tres años es dejar un sistema que funcione de esa alianza público popular para lo ambiental y de la gobernanza territorial alrededor del agua con planes de largo plazo concertados y con recursos ciertos, por eso el Fondo para la Vida entrará en operación en agosto, con esto se va a sustentar este proceso. Esperamos que con este modelo podamos dejar una capacidad instalada al país que permita que se vaya ampliando a más territorios”, afirmó la Ministra.

Pagos por Servicios Ambientales para la Paz

Finalmente, el artículo 224 del PND contempla que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz pueden acceder a los Pagos por Servicios Ambientales, en especial quienes son los victimarios del conflicto armado, puedan realizar acciones de preservación o restauración en predios cuyo propietario, poseedor u ocupante sea una víctima del conflicto armado.

Entre los principales beneficiarios se encuentran población étnica (comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, entre otras) y población en condición de vulnerabilidad (comunidades campesinas).

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio busca incentivar a las comunidades para que sean ellas las protectoras de los bosques, a partir de incentivos económicos y de educación para la protección del medio ambiente, así como a través del fortalecimiento institucional en las regiones. Hay que recordar que 52% del área del país es bosque y contener la deforestación hace parte de la estrategia para que Colombia tenga una Paz Total.

Además, el artículo 230 del PND ajustó la administración del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (Renare), dándole la administración de la plataforma al Ideam, para que se pueda ejercer la observancia y aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales en el desarrollo de las iniciativas de mitigación de GEI, con especial énfasis en temas de consulta previa, para así fortalecer la protección de los derechos de las comunidades étnicas involucradas en estos proyectos, y también como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú.

Este último marcará el derrotero para garantizar la participación de los colombianos en la toma de decisiones ambientales en sus territorios, el acceso a la información y la transparencia, y la protección de los defensores ambientales.