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Con acción popular de la Defensoría, se ordena plan de contingencia para proteger a comunidad de Caucasia de erosión.

Foto: Defensoría del Pueblo | Noticias de Colombia |

Cerca de 3000 pobladores de la vereda La Uribe y sus inmediaciones, jurisdicción del municipio de Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, se verán beneficiados con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, como respuesta a una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo.

“Durante dos meses, la administración municipal de Caucasia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia deberán estructurar un plan de contingencia y un cronograma de actividades para conjurar una eventual inundación de grandes proporciones y poner en marcha obras preventivas, cuyo fin es impedir que el río Cauca llegue a la zona habitada”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo, acompañado de una comitiva de la institución nacional de derechos humanos, les dio a conocer la decisión a los moradores, en una visita a La Uribe, donde verificó las condiciones en las que habitan las personas afectadas por la erosión e inundaciones ocasionadas por el segundo río más grande de Colombia.

La entidad, a través de su Regional Bajo Cauca y su Delegada para la Prevención de Desastres, busca que los derechos fundamentales y colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la seguridad y salubridad públicas de los habitantes residentes en la zona, sean salvaguardados.

“En los últimos dos años hemos acompañado a la población a través de nuestro equipo en terreno, que ha sido testigo de la gravedad de la erosión, la cual no solo borró del mapa la vía que conduce a la vereda Puerto España, sino que avanza progresivamente hacia la llanura aluvial, donde reside un número importante de familias”, agregó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, Carlos Camargo Assis hizo un llamado al nuevo alcalde: “Es oportuno que priorice lo ordenado por las autoridades judiciales. Necesitamos que haya avances significativos. El bienestar de la comunidad y la garantía de sus derechos fundamentales deben prevalecer”.

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