Mesas de diálogo con grupos armados ilegales deben darle prioridad a la protección de los líderes sociales

Foto: Ilustrativa | Archivo |

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis

“Entre enero y marzo de 2023 fueron asesinados 35 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Esta es una cifra lamentable, triste y que golpea a las familias de estas personas y a las comunidades por las que trabajaban, porque es muy diciente que la mayoría, 19 de ellas, eran reconocidas como líderes comunales y líderes comunitarios, es decir, quienes hacían una vocería y lucha permanente por el bienestar de sus vecinos en los barrios o en las veredas, donde ahora queda un gran vacío”, informó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Luego de presentar el reporte de ‘homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos’, del 1 de enero al 31 de marzo pasado, elaborado desde la Defensoría Delegada para Prevención de riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, el Defensor del Pueblo insistió en que “todos los acercamientos o las mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales deben darle prioridad a la protección de los líderes sociales, que se entienda que su labor es humanitaria y son necesarios para visibilizar y buscar soluciones a los diferentes problemas sociales que aquejan a las comunidades, particularmente en los territorios donde las mismas organizaciones armadas tienen presencia”, agregó Carlos Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo también explicó que, por sector social, las víctimas fueron 12 líderes comunales, 7 líderes comunitarios, 6 líderes indígenas, 2 líderes campesinos, 2 líderes OSIGD/LGTBI, un líder sindicalista, un líder afrocolombiano, un líder  activista en derechos humanos, un funcionario público, un líder del sector de las víctimas del conflicto y un líder dedicado a la defensa de los derechos juveniles y de la infancia.

Vale destacar que los departamentos del Suroccidente del país fueron los que reportaron el mayor número de homicidios: en Nariño (seis casos), Cauca (cinco), Valle del Cauca (tres); Cesar (dos), Bolívar (dos), Sucre (dos) y Magdalena (dos), y de a un caso de homicidio en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Santander, Antioquia, Chocó, Caldas, Boyacá, Putumayo y Caquetá.

En enero mataron a 12 líderes; en febrero hubo nueve víctimas y para marzo ocurrieron otros 14 homicidios, siendo este último mes el más violento del primer trimestre.

Vale destacar la reducción en el número de casos en relación con los primeros 90 días del 2022, cuando se reportaron 59 líderes asesinados (15 en enero, 22 en febrero y otros 22 en marzo de 2022). Sin embargo, la disminución en el número de casos no es para celebrar, sino por el contrario para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permita acabar con este tipo de crímenes en el país.

Finalmente, Carlos Camargo Assis hizo un llamado a los grupos armados a que cesen toda acción contra la población civil, y de manera particular contra quienes ejercen un liderazgo para sus comunidades. “Los 35 homicidios en contra de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia no son precisamente gestos de paz”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Vale la pena indicar que por años, los datos indican que el 2016 terminó con 133 líderes asesinados; para el 2017, un total de 126; en el 2018 se incrementaron los casos a 178; al siguiente año, en 2019, bajó a 134; en el 2020, llegó a 182; en el 2021, a 145, y luego, el 2022, fue el año más violento con 215 homicidios en contra de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.